Jordi Durà Mena, es abogado en la especialidad de Derecho Civil, miembro del Consejo Asesor de Down Catalunya, representante del Consejo de Participación de Familias, Vocal de la Junta Directiva de DINCAT y padre de una chica con síndrome de Down.

Este segundo trimestre de 2020, Down Catalunya en la campaña #MujedesDown lo ha dedicado a los ‘Derechos de las niñas y mujeres con síndrome de Down’  (el  primer trimestre lo dedicamos a ‘Mujer y Deporte’ y los dos últimos serán, ‘Educación’ y ‘Laboral’). No hemos querido perder la oportunidad de pedirle a nuestro asesor su opinión sobre muchos aspectos vinculados al ámbito del derecho y la discapacidad.

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–           Qué importancia deberiamos dar a la educación de las familias en cuanto a los derechos de sus hijas?

Yo le doy mucha, porque la familia es el primer pilar en el que se tiene que sustentar la educación y desarrollo integral de los hijos, complementado, evidentemente con la escuela, en la que los padres tienen que participar activamente y otros elementos de la sociedad.

Creo firmemente que una familia que eduque a sus hijos e hijas en la igualdad de género es el mejor valor de futuro que se los  puede transmitir, para que aprendan a eliminar los estereotipos relacionados con el género y consecuentemente, a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro.

           ¿En qué casos cree que los padres/tutores tendrían que decidir por ellas?

Yo creo en que todas las personas, a pesar de puedan estar afectadas por una discapacidad, tienen sus capacidades naturales y que padres y tutores tienen que respetar y potenciar lo que piensan y lo que quieran de tal manera, que en las cuestiones que afecten a sus hijas las tienen que  escuchar, informar, aconsejar, y en lo posible, ayudarlas a tomar sus propias decisiones. No se trata de decidir por ellas y sin ellas, pues así lo que hacemos es anular a la persona y sus capacidades naturales y no ayudarlas a actuar como complemento para que decidan por sí mismas.

Solo en aquellos casos en que la discapacidad sea muy severa y totalmente incapacitante es cuando deberían decidir por ellas.

–           ¿Las leyes Españolas equiparan al 100% todos los aspectos relacionados con los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual con el resto de mujeres? …oficialmente hasta el año pasado, por ejemplo no tenían derecho a voto…

En España hay una serie de Leyes, empezando por la Constitución que tienden y potencian la igualdad entre hombres y mujeres, pero yo no me atrevería a decir que esta igualdad se haya conseguido totalmente, sino que todavía  han conatos de desigualdad en algunos derechos, como por ejemplo, laborales-económicos, sociales, la no erradicación de la violencia de género, etc..

Aun así, se han efectuado por Ley en estos campos mencionados muchos adelantos en materia de igualdad de género y no discriminación, de tal manera que cada día va aumentando  el número de mujeres que acceden a cargos directivos de empresas o políticos, más padres se acogen al permiso de paternidad instaurado, hay más mujeres catedráticas de Universidad y cada vez son más las mujeres trabajadoras.  Pero es evidente que todavía queda camino para recorrer.

Si entre hombres y mujeres, todavía hay desigualdad, esta se incrementa cuando añades un factor como la discapacidad. Esta discriminación en muchos puntos afecta igual a mujeres que a hombres, pero en otros se agravia en el caso de las mujeres.

–           ¿En otros países las leyes están más o menos al mismo nivel que aquí?

Hay países que están por encima de España y otras por debajo. Los países más avanzados en normativa igualitaria son Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia, pero después de estos ya viene España, que se sitúa al mismo nivel que Austria, Canadá, Estonia, Grecia, Finlandia, Irlanda, Gran Bretaña y Portugal y por encima de otros muchos, como Israel, Suiza, Australia, Islandia, Italia, Holanda, Noruega, etc.. Es importante resaltar que esta clasificación se refiere a la realidad normativa, no a la aplicación efectiva de las leyes o a las situaciones reales donde podría variar.

           ¿A qué país  deberíamos parecernos?

Siempre en los que están por delante en normativa y en la aplicación de esta y, evidentemente, en algunos de los citados en la respuesta anterior.

–           Usted, como abogado, ha llevado varios casos de incapacitación. ¿Cree  que en gran medida se hacen correctamente? ¿En qué casos ha estado de acuerdo usted?

Efectivamente y ya son unos cuantos y tengo que decir que en un altísimo porcentaje se tramitan correctamente de acuerdo con la Ley aplicable, salvo que, como en todas las cosas de la vida, pueden haber excepciones.

Respecto de los casos en los que se han dictado sentencias en las que  estado de acuerdo son una gran mayoría, básicamente porque estas sentencias se han dictado en la línea del que pedíamos, pues, en caso contrario, las hemos analizado y si hemos creído que no se ajustaban a las capacidades de la persona a la que van dirigidas, las hemos recurrido,  para reclamar una sentencia que se ajuste a las mismas, cosa que en muchas ocasiones hemos conseguido.

Finalmente, hay que aprovechar para destacar aquí, que no obstante lo expuesto, hay que introducir en nuestra legislación modificaciones de concepto y de procedimiento para adaptarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cosa en la que y con evidente retraso, ya se está trabajando. De igual manera, hay que cambiar la visión y concepción sobre la discapacidad por parte de padres, familias, demás agentes que operan en este sector y de la sociedad en general, siendo misión de todos dar todos los apoyos y ayudas que necesitan para hacerlos mes capaces de tomar sus propias decisiones, lo que favorecerá su dignidad, autonomía, independencia e integración a la sociedad.

           ¿Y en cuanto al tema de la esterilización?

Este se un tema delicado, complicado y sensible, pues se mezclan muchos sentimientos e ideas, como por ejemplo, creer qué las personas con discapacidad no tienen capacidad para ser padres y que no entienden la sexualidad y así les procuramos protección. Me limitaré a decir qué, desde un punto de vista legal, hoy por hoy, nuestras Leyes permiten la esterilización siempre que se cuente con el consentimiento otorgado por la persona afectada de forma libre y consciente, porque, si no es así, practicarla es un delito.

El consentimiento es la clave y en el caso de la persona, sobre todo mujer con discapacidad intelectual y salud mental, no pueda prestarlo de manera permanente, este consentimiento puede ser sustituido por una declaración-autorización de un Juez adoptada en el procedimiento de incapacitación o en un contradictorio posterior, que se tramitan a instancies de quien representa a la persona afectada, y en el que el Juez/a, además de examinar a la persona afectada, cuenta con el dictamen de dos especialistas y del Ministerio Fiscal. Esto convierte la esterilización en legal.

También hay casos en que mujeres con discapacidad, y algún hombre, son esterilizados, en base a que firman un consentimiento, por el cual se supone que entienden y aceptan el motivo de la intervención quirúrgica, aunque podría no ser así.

Legalmente, esto es lo que está vigente, pero actualmente son muchas las voces que dicen que mientras la esterilización no cuente con el consentimiento informado de quien la sufrirá, siempre será forzada y por tanto inadmisible, porque atenta contra los derechos humanos fundamentales a decidir sobre la propia salud, sexualidad y reproducción y es una forma de violencia que se tiene que erradicar. Además es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008- que en su artículo  23, dice que no debe haber discriminación para formar una familia, contraer matrimonio, o la posibilidad de elegir de manera libre si quieren tener hijos.

En este sentido, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lleva años recomendando a España la prohibición de las esterilizaciones forzadas de las personas con discapacidad y, por lo tanto, la derogación del artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, porque es una anomalía en término de derechos humanos, que, por un lado, el propio Código Penal lo permita y que, por otra, tengamos ratificada la Convención y el artículo 23 de esta.

Antes de la esterilización y siempre que sea posible, se deben dar apoyos adecuados, educar, trabajar con ellos y ellas la afectividad y la sexualidad y la existencia de otros sistemas menos agresivos e invasivos para la salud y la integridad física. Deben entender cuáles son las responsabilidades que van asociadas y capacitarlas para que puedan decidir, en este ámbito y en plenitud de conocimientos, sobre todo aquello que los y las afecte. Esta puede ser la mejor protección.

–           ¿Se tienen datos del número de incapacitaciones o de esterilizaciones ya sean forzadas o voluntarias?

En en cuanto a las esterilizaciones no  hay datos claros sobre las personas con discapacidad intelectual o psicosocial esterilizadas ni están desglosadas por sexo que nos digan exactamente cuántas mujeres y hombres son esterilizados en nuestro país, aunque se podría considerar que son muchas más las mujeres, que los hombres. Aun así, se estima que más de 1.000 mujeres y niñas con discapacidad han sido esterilizadas en España desde 2005 el que supone una media de unos cien casos al año.

Por otro lado, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lamenta esta escasez de datos, que entiende son indispensables para comprender la situación de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad, para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a su situación, y para evaluar la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En cuanto a incapacitaciones (término obsoleto) o modificaciones de la capacidad de obrar, en este momento, nos encontramos igual, pues ningún organismo público o privado puede proporcionar la cifra de personas judicialmente incapacitadas o con modificación de capacidad en España, ni siquiera aproximadamente, con el que es difícil poder establecer  un número concreto, a pesar de que se mueven datos entre 250.000 y 400.000 personas incapacitadas o con capacidad modificada por sentencia judicial.

–           A menudo cuando pensamos en los derechos civiles de las mujeres, no pensamos en el ámbito rural. ¿Le constan a usted casos de discriminación contra las mujeres con discapacidad intelectual? Me refiero a derechos de heredad de tierras por ejemplo…

Antiguamente el derecho catalán, y otros, trataba en muchos aspectos de forma diferente a hombre y mujeres, confiriendo mas derechos a aquellos que a estas y era habitual, por ejemplo en ámbitos rurales, instituir heredero al hijo primogénito, sobre el resto de hijos y, por supuesto, preferir siempre al hombre a la mujer. Por lo tanto, la discriminación ya era por fecha de nacimiento y por sexo y, si encima, se daba alguna discapacidad, la discriminación se agraviaba.

Afortunadamente con el paso del tiempo, con el nuevo modelo de sociedad y de familia, las leyes han cambiado y avanzado hacia la igualdad, a pesar de que todavía  hay algunos aspectos a mejorar, pero es evidente que, dependiendo del ámbito rural concreto y de la forma de vivir, pensar y educación de la familia no me atrevería a decir que en ocasiones no se mantenga o se produzca esta discriminación contra las mujeres y sobre todo si tienen discapacidad.

–           ¿Que cree que hará cambiarnos la mirada hacia las personas con síndrome de Down?

 Conseguir la plena inclusión es un derecho de las personas con discapacidad intelectual y una obligación de la sociedad, que además, está plenamente reconocido por la Convención ratificada por España en 2008.

No tengo ninguna duda que el día que se consiga, y ya incomprensiblemente estamos tardando demasiado, una de las consecuencias fundamentales tiene que ser que la sociedad vea a las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades como iguales, con los mismos derechos y obligaciones que todo el mundo. Esto ya debería que ser así, pero tristemente todavía no lo es. Estoy convencido que con plena inclusión la sociedad se enriquecerá y será más justa e igualitaria.